El concejal de Soledad, Bryan Orozco Llerena, pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación disciplinaria contra el exalcalde del municipio, Rodolfo Ucrós, por un multimillonario contrato para la construcción y mejoramiento de la primera etapa de la red vial de la población.

La queja disciplinaria también va dirigida contra Amalfi Gaviria Ramos, Jaider Molina Daza y Sergio Mendoza Orozco, en sus condiciones de ex secretaria general, ex Secretario de Obras Publicas del municipio de Soledad-Atlántico e interventor del contrato, respectivamente.

El contrato fue suscrito en enero de 2022, por una suma superior a los $14 mil millones. 

El contrato culminó en junio de 2023, pero tuvo varias suspensiones y prórrogas. 

"El 7 de noviembre de 2023 las partes celebraron OTRO SI 006 de 2023 a través del cual se adicionó el valor del contrato en QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000), para un valor total final de QUINCE MIL CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($15.115.398.338)", indicó el concejal Bryan Orozco.

"El 30 de diciembre de 2023, se celebró acta de terminación del contrato SG-LP-03-2021- 005 Grupo 2 donde se relacionan 5 actas parciales de obra pagadas por el valor total del contrato y donde se establecen algunos ajustes y correcciones en las obras que el contratista manifiesta asumir", agregó.

El cabildante realizó verificación en campo de las 27 rutas contratadas, "encontrando que la mayoría de ellas no se intervinieron y en otras quedaron vías pendientes por intervenir".

"De lo anterior, se logra verificar un aberrante caso de corrupción administrativa y detrimento patrimonial donde la administración municipal en concurso con el interventor del contrato se asociaron ilegalmente para desviar los recursos asignados al contrato, en 3 tanto, se pagaron obras que no fueron ejecutadas por el contratista, defraudando así los principios que rigen la función y contratación pública", denunció el concejal.   

Orozco aseguró que la estructura del ilícito disciplinario está integrada por los elementos tipicidad, Ilicitud Sustancial (Antijuridicidad) y culpabilidad, "siendo necesario a efectos de declarar responsabilidad disciplinaria, la verificación de todos y cada uno de estos elementos en la conducta materia de investigación".

"Así pues, podemos definir la Tipicidad como la adecuación de la conducta en un tipo disciplinario previamente dispuesto, la antijuridicidad hace referencia a la transgresión de deberes funcionales previamente estipulados en la Constitución, la Ley, los reglamentos o manuales de funciones y la culpabilidad a la modalidad dolosa o culposa en que el autor realiza la conducta", sostuvo el denunciante. 

"En ese orden de ideas, la conducta de los servidores arriba señalados es merecedora de reproche y sanción, pues se verifican todos y cada uno de los elementos estructurales del ilícito disciplinario, esta afirmación encuentra fundamento en el hecho que el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019", añadió.

Por otro lado, Orozco manifestó que la falta de los querellados "se cometió a título de dolo", pues a pesar que los funcionarios y el interventor objeto de la presente queja "conocían que el contratista no ejecutó la totalidad de las obras contratadas, se concertaron para pagarle a este último la totalidad del valor del contrato según se advierte en el acta de terminación de 30 de diciembre de 2023".

"No existe justificación que valide esta actuación, no hay posibilidad que se trate de un descuido o una desatención pues vemos como más del 50% de las obras contratadas no se ejecutaron, siendo más que evidente el conocimiento y la intención de los denunciados en defraudar el erario, permitiendo que el contratista se apropiara ilegalmente de los recursos públicos, valiéndose de toda suerte de falsedades para dar apariencia de legalidad a este entramado de corrupción", señaló el cabildante en la queja disciplinaria.

Agregó que además del detrimento económico, los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal "fueron pretermitidos, desviando la atenciòn de los intereses generales de la comunidad al favorecimiento ilegal del interés particular del contratista, quien obtuvo un provecho económico indebido al recibir pagos por obras que no ejecutó".

"Explicaciones distintas a las aquí señaladas no caben, pues de que otra forma puede justificarse que el municipio de Soledad cancelara al contratista la totalidad del valor del contrato, incluida la adición por QUINIENTOS MILLONES DE PESOS cuando bastaba un simple recorrido por las rutas contratadas para verificar que las obras no se ejecutaron a cabalidad", expresó.

"Por lo antes expuesto, solicito de manera respetuosa a usted señora procuradora ordene el inicio de las actuaciones disciplinarias que correspondan y en ese orden, se impongan sanciones ejemplarizantes que sirvan de prevención general para quienes administran los recursos públicos en el municipio de Soledad y con ello se ponga cota a los reiterados actos de corrupción, muchos denunciados en otras oportunidades por el suscrito, sin que a la fecha se tengan pronunciamientos de fondo", añadió.

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